Gloria Maira, representante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile: “El cambio constitucional abre la posibilidad de enfrentar un cambio legislativo que reconozca el aborto libre”

28 Septiembre 2021

Detrás de esta segunda fotografía, se manifiestan una serie de falencias que se arrastran desde antes de la crisis sanitaria. En conversación con el Departamento de Género UDP en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, Gloria Maira, integrante de MAACH y ex subsecretaria del Sernam en el gobierno de Michelle Bachelet que promulgó la legislación, aborda las postergaciones de las redes asistenciales para la efectiva prestación del aborto, la articulación de la objeción de conciencia como una estrategia para obstruir el avance de los derechos sexuales y reproductivos, el rol que deben cumplir las universidades en la formación de profesionales de la salud y las posibilidades que se abren con el proceso constituyente y la transformación del escenario político nacional.

La pandemia y los problemas de acceso al aborto

Tras realizar un primer estudio sobre la implementación de la ley a poco más de un año de su adopción, el principal propósito de MAACH para realizar una segunda versión era comprobar si la emergencia del COVID-19 afectaba o no el acceso al aborto y a las prestaciones de salud sexual y reproductiva en el sistema público chileno. “Los resultados no fueron buenos”, adelanta Gloria Maira.

Para la experta, son tres los problemas de mayor preocupación. El primero está relacionado con la información disponible para las personas usuarias y que, de acuerdo a la evaluación de Maira, se debe a la inacción pública. “En el primer monitoreo, identificamos claramente que no había una acción de información y eso se ha mantenido durante todo este tiempo. Hubo uno que otro brochure, pero de muy bajo perfil y que no puede considerarse una estrategia de información”, afirma.

Esta situación no cambió durante los meses de confinamiento, aun cuando se produjo un aumento exponencial de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes debido a las restricciones de movilidad y que se visibilizó en la opinión pública. “No hubo ningún tipo de instrucción de parte del Ministerio de Salud de habilitar sistemas de información para que, quienes se vieran afectadas por violencia sexual y pudieran enfrentar un embarazo producto de esa agresión, accedieran a la interrupción”, detalla Maira.

Ambas situaciones repercuten en una situación aún más delicada: las mujeres y las personas con capacidad de gestar no conocen la ley. “Partimos del supuesto que, porque fue tan debatida, todo el mundo sabe las tres causales y eso no es así. El monitoreo lo muestra claramente: las mujeres tienen una noción de que existe algún tipo de posibilidad para la interrupción del embarazo, pero no hay un conocimiento cierto sobre las causales, sobre cómo acceder a ellas y los derechos adquiridos en ese contexto. Eso nos parece que está en la base de muchos de los problemas de implementación o de acceso que estamos viendo”, comenta la ex subsecretaria.

Esta situación tiene directa relación con un segundo problema: la formación del personal de salud. Gloria Maira subraya que se trata de un fenómeno de diversas aristas, desde el enfoque de las capacitaciones y los grupos hacia las que están orientadas, hasta las deficiencias entre los niveles de la atención de salud.

Por ejemplo, Maira señala que se han detectado estrategias de formación principalmente orientadas a equipos de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) que se centran únicamente en los aspectos médicos y de intervención, “pero no en términos de promoción e información a la usuaria, ni de fortalecer la acción de las duplas psicosociales”. Estas capacitaciones son, añade, optativas: “el ministerio cumple con incluir una oferta, pero no hay un imperativo de cierta base de formación que debiera haber”.

Sin embargo, Gloria Maira advierte que es en la atención primaria donde se encuentra el escenario más lamentable. Si bien existieron esfuerzos de articular capacidades acotadas para asegurar las prestaciones hacia el final del segundo gobierno de Bachelet y antes de la actual administración, hoy no hay una gestión que pueda continuar esas formaciones iniciales. A esto, se suma que la pandemia hizo que el rol de la atención primaria en el acceso a las tres casuales se desdibujara completamente. “Quedó muy instalada la idea de que esto es un asunto de los hospitales”, acota Maira.

Se trata de un punto crítico, porque establece una gran barrera de acceso. “La atención primaria es la que está en primera línea con la población y es la que hace las acciones de promoción de salud sexual y reproductiva con población adolescente, con mujeres. Por lo tanto, no hay una identificación de un rol, no solo en términos de detección, contención y derivación, sino en ubicar cultural y simbólicamente a la interrupción voluntaria del embarazo como una prerrogativa dentro de la autonomía reproductiva de las mujeres y con mayor razón en situaciones tan complejas como las que abordan las tres causales”, enfatiza Gloria Maira.

Todos estos fenómenos se hacen más complejos si se agregan al análisis la incidencia de las diferentes condiciones de vida, pertenencia a grupos étnicos o de migrantes, edad y otros factores relevantes. Para Maira, las condiciones de habitabilidad son detonantes de mayores problemas de acceso al aborto, particularmente en los diferentes territorios.

“Si aquí, en los centros urbanos, tuvimos que ver cómo la mujer que salía corriendo por su vida en la mitad del toque de queda era tomada presa, comprenderás lo que puede suceder con una mujer en el Alto Biobío que está enfrentando una segunda causal y que tiene que llegar a un diagnóstico inicial en el hospital regional. Es como llegar a Marte”, dice.

El resultado final es catastrófico: las usuarias no ven viable una atención conforme a la ley. “Las dificultades de acceso que se profundizan por estas condiciones de habitabilidad, de tu nacionalidad, entre otras, se agudizaron durante la pandemia, a tiempo de que -lo dice el propio personal de salud- hubo mujeres que, aún estando en alguna de las causales, no recibieron la posibilidad de interrumpir un embarazo porque, sencillamente, no se detectó o no tuvieron ninguna opción de llegar hasta el hospital regional, teniendo en cuenta las restricciones durante los primeros meses”, lamenta Maira.

 

Las estrategias tras la objeción de conciencia

El tercer problema confirmado por el último monitoreo de MAACH es el de la objeción de conciencia, que actualmente se mantiene en los umbrales del 50% de las y los profesionales de salud respecto a la causal de violación. Para Gloria Maira, esta altísima barrera de acceso tiene un impacto directo en la esencia de la salud pública.

“A diferencia del sector privado, donde si tu ginecólogo/a es objetor/a puedes encontrar una opción, en el sistema público no hay alternativas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el acceso a la interrupción del embarazo producto de esta objeción tan elevada entre el personal, particularmente ginecobstetra en los hospitales, hace que el costo y las dificultades tengan que ser asumidas por los equipos que tratan de cumplir la ley y por las propias usuarias”, cuenta Maira.

Eso fue lo que sucedió con la constitución de los equipos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante este período. Si bien se trataba de un avance respecto a lo observado en el primer monitoreo de MAACH, esto “fue producto de la propia iniciativa del personal de salud, más que de una instrucción dirigida y orientada del ministerio”.

En otros casos, sigue Maira, los hospitales se ocuparon de mantener, al menos, un o una profesional no objetora. “Pero convengamos que entre eso y realmente garantizar un acceso expedito, oportuno, tal como dice la ley, o con los parámetros de calidad de atención que conocemos -con pertinencia, de calidad, sin violencia- hay una distancia bastante grande”, acusa Maira.

Independientemente de la evidencia de las falencias producidas por la objeción de conciencia, Gloria Maira es enfática: fijar la atención en estas consecuencias no implica poner en cuestión un aspecto contenido en la ley, sino que hace visibles los efectos adversos para la garantización de una prestación de salud y, algo aún más grave, la generación de actitudes de maltrato y violencia que se relacionan con prácticas objetoras al margen de la legalidad.

“El otro elemento tiene que ver con esta objeción de conciencia ‘simbólica’ o no declarada, porque, según la ley, no te corresponde estar ahí. Se produce en toda la línea de atención y va marcando obstáculo tras obstáculo; por ejemplo, el ecógrafo que pone volumen a los latidos fetales, aún sabiendo que estás enfrentando alguna de las causales. O el médico o la médica que te felicita por tu embarazo, sabiendo que estás en la posibilidad de estar en alguna de las causales”, dice Maira.

En palabras de la ex subsecretaria, esta situación revela una forma de impedir la libre decisión de las personas y frente a la cual ni el ministerio ni los servicios se han pronunciado con una respuesta inmediata y urgente. “Finalmente, lo que sucede es que las mujeres buscan otras alternativas para efectos de interrumpir sus embarazos y esto se vio particularmente durante la pandemia. Si yo estaba enfrentando un embarazo por violación, te aseguro que lo último que quería era llegar a un hospital para recibir este tipo de maltratos”, continúa.

¿Qué existe detrás de este fenómeno? Gloria Maira cree que la objeción de conciencia está muy alineada con las estrategias de los movimientos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos. En ellos ve un ánimo no solo de obstruir el acceso a una ley, sino que incluso de vulnerar garantías esenciales de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. “Los grupos antiderechos imponen una decisión arbitraria a partir de una verdad que es suya y que impide que nosotras podamos tomar decisiones autónomas”, agrega.

Maira destaca que este proyecto de resistencia va más allá del aborto y la objeción de conciencia y que, para lograr su cometido, recurre “a prácticas violentas, físicas y simbólicas, para lograr que una mujer desista de una decisión o la encajonen en alguna sola posibilidad”.

Y, en ese sentido, apunta nuevamente a la responsabilidad de la autoridad. “Este tipo de acciones deben ser confrontadas dentro de la red asistencial y de una sociedad democrática. No significa que la objeción de conciencia va a desaparecer, porque son situaciones que están ligadas, pero son distintas. La práctica de violencia, de arbitrariedad y de irrespeto a derechos y libertades de las personas es algo que, en una democracia que se define como tal y pretende profundizarse, tiene que tener otro tipo de solución y deben ser confrontadas en un debate que llegue a establecerlas como no tolerables”, comenta.

En este escenario complejo, no existen fórmulas de resolución sencillas ni rápidas. Maira detecta varias, aunque se detiene en tres que le parecen esenciales. La primera es la de una formación de profesionales de la salud que integre una perspectiva de derechos y transforme la visión del modelo de atención. “Es un imperativo y una responsabilidad que tienen las facultades de medicina y aquellas que forman profesionales de la salud. Para mí es inconcebible que sigamos teniendo universidades que se niegan a formar a profesionales en ciertas prácticas de interrupción del embarazo porque son contrarios al aborto, ideológicamente hablando. Allí hay algo que mirar”, afirma.

La segunda manera de enfrentar el tema es, una vez más, con la capacitación del personal en ejercicio, a través de contenidos que no solo aborden las directrices de la legislación, sino que permitan erradicar la “conversación de pasillo” en la que se juzga a las usuarias que optan por la interrupción del embarazo y que se basa en una opinión colectiva estigmatizante.

“Es hacerse cargo de los mitos y prejuicios que están radicados en años en los que llevamos escuchando que el aborto es un crimen, que las mujeres que practican un aborto son egoístas, que seguramente es para tapar las infidelidades conyugales. ¿Cuántos años hemos escuchando toda esa barbaridad de sentidos construidos y que no han sido abordados? Si no trabajas con eso, dentro de la ley de salud con profesionales de todos los rangos y durante todos los días en un proceso de formación, difícilmente vas a llegar a cambiar el escenario de la objeción de conciencia”, sostiene Maira.

Finalmente, Gloria Maira cree fundamental hacer una revisión de la objeción de conciencia institucional, no necesariamente a través de reformas del texto legal, sino que introduciendo herramientas que regulen de mejor manera la fundamentación de las y los profesionales que se acogen a este derecho. “El espíritu de la ley contiene la posibilidad de objetar, pero debe ser fundamentada. Porque como personal de salud, en principio no debería tener por qué oponerse a cualquier prestación que está autorizada y sobre la cual la autoridad sanitaria ha tomado una decisión, y más aún cuando tiene apoyo de la población”, explica.

El reglamento que hoy está en vigor solo exige completar un formulario para quien objete en los hospitales, lo que de acuerdo a Maira produce la “naturalización de una objeción que, en realidad, tiene bastante menos arraigo en procesos de conciencia y más de desinformación, de mitos y prejuicios, de falta de conocimiento, de no haber adoptado una visión de derechos”.

Proceso constituyente: la oportunidad del aborto libre

A pesar de que los resultados del último monitoreo de la MAACH retratan un paisaje adverso, Gloria Maira confía en las oportunidades que puede ofrecer el proceso constituyente para una transformación integral. “Estamos en un momento político, cultural, ciudadano y feminista que establece un escenario en el que la posibilidad de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos está ad portas”, dice.

Esto, no obstante, no le parece suficiente. Consagrar los derechos sexuales y reproductivos en el futuro texto constitucional pasa también por hacer el trabajo necesario para asegurar su acceso a todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar. “Creo que hay aprender de lo que ha sucedido con otros procesos constitucionales. Estoy pensando particularmente en el caso de Ecuador, donde hubo un reconocimiento muy importante a las libertades sexuales y reproductivas, pero no se aseguraron dentro del propio texto los mecanismos que hicieran posible que eso se garantizara en la cotidianidad de la vida de las personas”, aclara Maira.

Si bien las mayorías de la Convención Constituyente nutren a un pensamiento optimista, Maira se queda en el terreno de la cautela. “Las feministas sabemos hace rato que la ley -y estoy incluyendo aquí también nuestra Carta Fundamental- no es sinónimo de un mundo distinto en términos de reconocimiento de nuestra autonomía. Y, al mismo tiempo, estoy convencida de que, si eso no existe, difícilmente podemos caminar en esa dirección”, dice.

En ese sentido, prevé que todo debate constitucional en torno a la sexualidad de las mujeres será el centro de resistencias y la base sobre la que proponer cambios estructurales. “Estoy pensando en cosas que tienen que ver con el reconocimiento de la autonomía reproductiva, como principio, y también la modificación del Tribunal Constitucional. Porque si seguimos teniendo un TC como el que tenemos ahora, podemos tener un tremendo capítulo de DDHH que el tribunal no va a hacer efectivo”, advierte.

Sin embargo, si la batalla por este reconocimiento es ganada, Maira ve una clara posibilidad para avanzar hacia una nueva ley que reconozca el derecho a abortar más allá de las causales hoy vigentes. “Creo que el cambio constitucional nos abre la posibilidad de enfrentar un cambio legislativo que reconozca el aborto libre y, al mismo tiempo, garantice la prestación en los sistemas de salud. No va a ser mañana, pero ese es un camino en el que el país está instalado y que, aunque llegar a ese resultado no va a ser fácil, estamos en unas condiciones mucho mejores de las que estábamos hace unos años para abordar esa conversación y lograr esa legislación”, afirma.

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley que despenaliza el aborto en las primeras 14 semanas, el que fue presentado por la MAACH y Corporación Humanas hace más de dos años. “En otro momento político”, puntualiza Maira, quien agrega que, si bien ha permitido transformar imaginarios culturales, ese texto carece de la explicitación de un servicio que garantice la interrupción del embarazo con estándares de seguridad e igualdad.

Por esta razón, en un momento de profundos cambios políticos, Maira puede plantearse una futura ley que se adapte a las necesidades sociales. “Esa legislación va a tener que considerar lo que es un aborto libre -es decir, por decisión de la mujer y en condiciones de seguridad- durante las primeras 14 semanas y habrá que abrir la discusión respecto del segundo trimestre. Más allá de las 14 semanas, la decisión de abortar en cualquier momento debe ser absolutamente validada para quienes enfrenten un embarazo con razón de violencia sexual”, sostiene.

La tarea, adelanta Gloria Maira, no será fácil. Lo importante es no perder el foco centrado en las personas. “Habrán elementos que otros y otras colocarán sobre la mesa y sobre los cuales hay que discutir; para mí, lo que tiene que prevalecer, atendiendo la seguridad en salud y los contextos, es la posibilidad de decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”, termina.