Durante los primeros días de diciembre, el Centro de DDHH UDP -dependiente de la Facultad de Derecho de la universidad- publicó su “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile” para 2021. En él, se da cuenta del acceso, restricciones y vulneraciones en materia de garantías fundamentales que han afectado a las y los habitantes del país durante el último año, marcado por la incidencia de la pandemia y el proceso social y político que se inició en octubre de 2019.
10 Diciembre 2021
En el período, el informe -que se elabora desde 2003- profundiza sobre las tareas pendientes en materia de DDHH en determinados colectivos y en base a diversidad interseccionalidades, entre las que el género juega un papel central. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Lidia Casas Becerra, directora del Centro de DDHH UDP, analiza en esta entrevista la situación de los derechos de las mujeres en el país, en medio de un proceso electoral decisivo.
Más violencia y menos prevención
La persistencia de los efectos de la pandemia global es uno de los puntos que más preocupan en relación con los derechos fundamentales de las mujeres en Chile. Lidia Casas comenta que el informe ha develado “un costo importante” que las mujeres han debido soportar en relación a la pérdida de empleo y la duplicación o triplicación de su jornada laboral, debido a que “el cuidado y el trabajo confluyeron en un solo espacio”. “En general, el levantamiento en el período mostró que la cantidad de horas que las mujeres disponían para distintas labores reproductivas fue mucho más alta que la de los varones”, afirma.
Las condiciones laborales de las mujeres también se han visto afectadas en aquellos empleos en el que el trabajo telemático no era una opción, como es el caso de las trabajadoras de casa particular. La abogada advierte sobre la situación especialmente precarizada de estas trabajadoras, las que todavía no se encuentran incorporadas en las reglas generales del Código del Trabajo.
La pandemia también ha significado más violencia contra las mujeres. “El confinamiento significó básicamente que las mujeres iban a estar con sus agresores y que tenían una menor movilidad y menos oportunidades de denunciar y pedir protección. Chile no fue y no es una excepción”, explica Casas.
Para la directora del Centro de DDHH UDP, la brecha entre las solicitudes de ayuda y la posibilidad de iniciar procesos en los tribunales está en la base de este fenómeno. Si bien el informe detectó un incremento de las llamadas telefónicas a los contactos de emergencia, como el 1455 o el Fono Familia de Carabineros, esto no vino acompañado de denuncias formales y el despliegue de procesos en la Justicia.
“Los tribunales hicieron todo esto a través de sistemas digitales, lo que pone de manifiesto la brecha digital. Finalmente, los tribunales se ralentizaron, lo que se suma a una menor confianza en el sistema de justicia en general y la falta de un acceso seguro para este tipo de dispositivos”, dice Casas.
Los problemas, sin embargo, se presentaban también en la llamada de emergencia. Los datos recogidos por el Informe Anual muestran que los mecanismos de teleatención del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no dieron abasto, mostrando las debilidades del sistema de tercerización y las empresas que se hacen cargo de la asistencia telefónica.
Para Lidia Casas, esta situación se produce por una falta de competencias: “La empresa que tiene a cargo el servicio funciona como cualquier callcenter, sin contar con la especificidad necesaria para pensar en el tipo de asistencia que se requiere”. Esto ha tenido severas consecuencias, particularmente en el seguimiento de los casos de violencia y la aplicación de protocolos.
A la falta de capacitación de las operarias, Casas añade las deficiencias en su autocuidado. Las telefonistas se han visto expuestas a jornadas de 8 a 9 horas de atención de casos de gravedad extrema, lo que ha repercutido en su salud mental y las condiciones laborales.
Derechos sexuales y reproductivos restringidos
La pandemia también repercutió en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile. Lidia Casas apunta con preocupación el descenso de la atención de niñas y mujeres al acceso al aborto bajo la tercera causal, la de violación. “En el caso de las adolescentes, no tuvieron acceso a la escuela, que es un lugar donde se develan situaciones de embarazos producto de violación, y en general el cierre parcial de la atención primaria redujo la capacidad de aquellas mujeres o niñas afectadas de poder acceder a un aborto bajo la tercera causal”, específica.
De esta manera, sigue Casas, en Chile “tenemos más violencia, pero también menos abortos”. Para la abogada, esto está relacionado con el confinamiento, pero también con el funcionamiento de los sistemas públicos y la falta de campañas específicas. “Lo que estamos diciendo es que, desde la entrada del gobierno del presidente Piñera, no ha habido ningún tipo de esfuerzo para informar a la población de la existencia de una ley de tres causales y de capacitación específica para los equipos. Por lo tanto, la ley existe, pero no se usa”, afirma.
En el informe para 2021, Lidia Casas y el equipo del Centro de DDHH UDP muestran con preocupación que uno de los aspectos más sensibles en el acceso al aborto ha sido el de la objeción de conciencia, especialmente bajo la causal de riesgo vital de la mujer gestante. Esto “devela que, en condiciones legales, hay un grupo importante de personas que no están dispuestas a salvar la vida de una mujer en caso de riesgo vital. Alguien que tiene supuestamente la convicción de ayudar al otro y estar disponible, está más dispuesto a proteger la vida en gestación que la de una mujer con un proyecto vital, con hijos, con familia, con un futuro”, acota.
Otra cuestión que entorpeció el acceso a derechos sexuales y reproductivos durante 2021 fue la administración de métodos anticonceptivos defectuosos, tanto en el sistema público de salud como en la atención privada. Casas observa que las deficiencias no solo se encuentran en la entrega de medicamentos fallidos, sino que además en los esfuerzos de identificación y contacto de las usuarias. “No hubo una mirada del gobierno central para asegurar una atención oportuna y de que no se vayan a producir embarazos”, razonó.
Más paridad, desde la sociedad civil
Uno de los aspectos positivos rescatados en el último Informe Anual está relacionado con el avance de la paridad en la representación política. Para Lidia Casas, se trata de un punto alentador, aunque éste no sea resultado del trabajo de las autoridades. “Es un avance que no viene de las instituciones formales, sino que desde la sociedad civil y, en particular, del movimiento feminista y con mucha fuerza de la red de politólogas, desde la que algunas de nuestras colegas de Ciencia Política en la UDP jugaron un rol fundamental”, afirma.
Estos esfuerzos ciudadanos se vieron reflejados en los resultados de las elecciones para la Convención Constitucional, las que, en opinión de Casas, han sido paradigmáticas para una mayor inclusión de distintos colectivos. “Vimos también cómo esa discusión de paridad no se lograba con la misma fuerza respecto de escaños reservados”, agrega.
La voluntad popular integró un mayor número de mujeres en la Constituyente, lo que se tradujo en que los mecanismos de corrección para lograr la paridad favorecieran a los hombres. “Esto obliga a los partidos políticos a colocar a mujeres en posiciones de competencia de verdad y no, como he dicho en otros espacios, de segundonas”, destaca Lidia Casas.
Derechos Humanos, pero no para todas/os
El estallido social en 2019 se ha convertido en un punto de inflexión para la percepción ciudadana sobre el respeto y protección de los Derechos Humanos. Lidia Casas cree que la violencia de agentes del Estado que se observó en el período remeció a la sociedad chilena, llevándola a reflexionar sobre la importancia de las garantías fundamentales.
Sin embargo, tras dos años de los sucesos más duros, la abogada confirma la emergencia de una sensación que se contradice con esa sensibilización inicial. “Cuando lo miro desde otras ópticas y otras formas de violencia social que se dan con el crimen organizado, veo que la gente entiende menos el concepto de la protección de la igualdad ante la ley frente a sujetos que la incumplen. No tenemos ningún inconveniente con que alguien se ‘pudra en la cárcel’, tenemos una menor comprensión de por qué no siempre hay prisión preventiva y pensamos que el Estado y los tribunales son extremadamente garantistas”, explica.
Este distanciamiento con la dimensión universal de los Derechos Humanos, particularmente en el caso de personas que cometen delitos, genera dos discursos. “Por un lado, uno de conciencia frente a una violencia que viene directamente desde la policía, pero luego otro que expresa mayor dificultad para entender qué significa una protección integral de los DDHH. Que incluso al sujeto que entró a robar no lo puedo matar por mano propia en la calle, cuestión que ha ido en aumento”, advierte Casas.
La dualidad va acompañada de la naturalización de una violencia que se justificaría en una pretendida defensa propia, con la que Lidia Casas entiende el tránsito de la opinión pública desde la idea transformadora de los Derechos Humanos a un repliegue más estrecho, con consecuencias directas en los procesos democráticos. “Yo no podría no pensar que los resultados de la última elección no tengan que ver con eso”, sostiene Casas.
Para la directora del Centro de DDHH UDP, existe un proyecto de relativización ligado a una voluntad de contrarrestar las transformaciones culturales, lo que allana las condiciones para la proliferación de posicionamientos políticos conservadores. “Si nosotros vemos una gran discusión sobre matrimonio igualitario que se ha puesto en distintos programas de gobierno de diferentes candidatos de la primera vuelta, o derechos de mujeres o paridad como elementos centrales, también vemos una reacción. La respuesta más evidente a esta transformación cultural es la candidatura de José Antonio Kast”, declara.
Kast representa a un sector que está en las antípodas de los cambios culturales sobre el reconocimiento de las diversidades, los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, abogando por la limitación o el fin de ciertos avances en materia de representación y autonomía. “Estamos en un momento donde uno podría decir que ciertos elementos de los derechos fundamentales, sobre igualdad y no discriminación, se ponen a prueba”, evalúa Casas.
Las universidades en el centro
¿Cuál es el papel de las universidades en la promoción y protección de los Derechos Humanos, desde una perspectiva de género? Para responder esta pregunta, Lidia Casas piensa que es fundamental poner sobre la mesa el estado de cierto riesgo en el que se encuentra la academia chilena.
“En un contexto democrático, vemos que miembros del Parlamento solicitan información a universidades sobre los nombres de académicos y académicas que realizan cursos y cátedras que digan relación con el género. Se quiere saber, poniéndolo en la lógica de la Guerra Fría y de McCarthy, quiénes son ‘los comunistas’ de esta universidad. Eso demuestra ese posicionamiento claramente reaccionario frente a esos cambios culturales que estoy señalando”, denuncia Casas.
En un escenario así, la abogada y docente afirma que la labor de las universidades pasa por reforzar el camino iniciado por el movimiento estudiantil, las asambleas feministas y las comunidades académicas para integrar cambios en las currículas, crear instancias formales y generar protocolos, regulaciones y contenidos que apuntan a la sensibilización y el estudio de las relaciones de género.
“Las universidades tienen una importante labor de formación de nuevas generaciones, que no solamente tolere la diversidad, sino que la entienda como un componente central de la democracia y respeto por los otras/os. Es entender que esa diversidad es parte no solo de lo que somos, sino que nos enriquece en nuestras maneras de ver el mundo que pueden ser muy distintas”, agrega Casas.
Por eso, resulta tan crucial la entrada en vigencia de la Ley 21.339 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Para Lidia Casas, se trata de una oportunidad para todas las universidades, tanto las que se han puesto en la vangardia como las que se han quedado más atrás, de poner énfasis en su contribución para la protección de garantías fundamentales de estudiantes, docentes y trabajadoras.
“Este es un desafío precisamente para aquellas instituciones que no han entendido el rol que tienen las universidades frente a las modificaciones culturales. No basta con tener el decreto de la ley, sino que implica entender que es un proceso muy largo de integración. Significa que aquellas/os que son formadoras y formadores, como en mi caso, vamos a tener necesariamente las herramientas para repensar el cómo las universidades lo hacen, qué tipo de trabajo fomentan y si instalan una perspectiva interdisciplinaria”, comenta Casas.
Derechos Humanos y el futuro de Chile
Lidia Casas es contundente: la decisión que el pueblo de Chile tome en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre definirá lo que, en un año más, el equipo del Centro de DDHH UDP escriba en su informe para 2022.
“Creo que estamos en un momento histórico, porque una de las candidaturas claramente ha señalado cosas que representan un gran retroceso para los Derechos Humanos. Que alguien señale que hay que eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya existencia responde a una obligación internacional suscrita por Chile en diferentes tratados, o el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género constituye una señal clara hacia dónde va”, señala.
En ese sentido, el gran desafío es que las/os votantes comprendan que todo programa político va acompañado de una posición cultural. “Hay gente que puede estar votando por un determinado candidato en base a un programa económico, que da ciertas certezas y seguridades de lo que podría ser el desarrollo económico de un país. Pero ese programa económico va asociado a un programa cultural, que no solamente desatiende el desarrollo hacia mayores reconocimientos de libertades, de derechos para un montón de personas, sino que se traduce en retrocesos y constituye un peligro para la protección de los DDH en el país”, explica Casas.
En este escenario, Casas invita a no perder de vista las complejidades estructurales que se levantan en la tarea de promoción y garantía de los Derechos Humanos y que son independientes de uno u otro candidato; los problemas de derechos laborales, de medioambiente y de educación son, a juicio de la abogada, prioridades que marcarán el camino, en medio de un proceso constituyente.
“Tenemos que mirar todo en términos muchos más amplios. Este país está acostumbrado a que la ley responda a esos cambios, pero una nueva Constitución va a exigir un proceso largo de adecuaciones legales, de miradas programáticas, de política pública”, concluye.
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